Satisfacción en los familiares de los fusilados de San Lorenzo

El Ministerio de Justicia considera "ilegítimo" y "sin garantías" el Consejo de Guerra que condenó a cinco personas a muerte.

La Plataforma de los Familiares de los Fusilados de San Lorenzo (antiguo municipio de Las Palmas de Gran Canaria) ha manifestado su inmensa satisfacción ante las Declaraciones de Reparación y Reconocimiento Personal enviadas desde el Ministerio de Justicia del Gobierno de España a cada familia, donde se hace justicia después de casi 75 años con unos hombres que fueron asesinados injustamente por defender la democracia y la libertad.

En dicha declaración, el Ministerio de Justicia considera "ilegítimo" y "sin garantías" el Consejo de Guerra celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el 26 de enero de 1937, que los condenó a muerte por fusilamiento.

Según indican en una nota de prensa los Familiares de los Fusilados de San Lorenzo, los conocidos como "los cinco de San Lorenzo" y el resto de procesados en este Consejo de Guerra sufrieron una brutal represión por parte de los militares y las fuerzas de Falange que dieron el golpe de estado fascista del 18 de julio de 1936 contra la legítima República, dándose casos gravísimos de torturas, asesinatos, desapariciones, expropiación y robo de bienes, violaciones y el fusilamiento el 29 de marzo de 1937 en el Campo de Tiro de La Isleta del Alcalde comunista de San Lorenzo, Juan Santana Vega, del Secretario municipal, Antonio Ramírez Graña, del Jefe de la Policía Local, Manuel Hernández Toledo y de los sindicalistas de la Federación Obrera vinculados a dicho Ayuntamiento, Matías López Morales y Francisco González Santana.

La Plataforma de Familias de los Fusilados valora muy positivamente dicha Declaración y considera que honra la memoria de todas las personas que lucharon y entregaron su vida en Canarias y resto del estado defendiendo la legalidad democrática y la justicia, contribuyendo a seguir cerrando heridas en quienes sufrieron en el seno familiar la represión de la dictadura franquista.

Fuente: Canarias Ahora

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Los sublevados asesinaron a 1.200 canarios en 1936

Encarcelados del Campo de Concentración de Gando

20.000 personas fueron detenidas en cárceles y campos de concentración

Durante los primeros seis meses de la sublevación militar que originó la Guerra Civil fueron asesinadas o "desaparecidas" cerca de 1.200 personas en toda Canarias por manifestarse en contra del golpe militar o sólo por simpatizar con partidos de la izquierda política.

El investigador Juan Medina Sanabria en su libro Isleta Puerto de La Luz: campos de concentración (2002), realiza una exhaustiva recopilación de datos sobre los detenidos y los represaliados en Gran Canaria, el resto del Archipiélago y hasta en las entonces colonias españolas en África. De su investigación se desprende que más de 20.000 personas pasaron por las cárceles canarias o los campos de concentración que se abrieron durante la Guerra en las Islas en el periodo de 1936 a 1950. Además, se detalla que hasta 1948 fueron fusilados sólo en la provincia de Las Palmas 71 ciudadanos por su ideología.

Entre estos fusilados se encontraban los cinco vecinos de La Isleta compañeros del topo Pedro Perdomo en la refriega que acabó con la muerte de dos soldados en la calle Faro. De no haber estado huido, Perdomo con toda probabilidad hubiera sido el sexto fusilado ya que algunos de los juzgados le señalaron a él como cabecilla del incidente. En ese mismo proceso se condenó a cadena perpetua a otros cuatro isleteros. Paradójicamente, esos cuatro condenados pudieron volver libres a sus casas en 1941. Perdomo seguiría escondido 28 años más.

Cuenta Juan Medina en su libro que las detenciones de rojos se multiplicaron tanto en los primeros días de la Guerra que las autoridades militares se vieron obligadas a crear un campo de concentración junto al cuartel de Artillería de La Isleta al quedarse pequeña la recién estrenada cárcel de Barranco Seco. Así, menos de 15 días después del golpe de estado del 18 de julio, abre sus puertas este campo de concentración con 315 prisioneros. Allí, apiñados en tiendas de campaña y sin duchas, ni baños y constantemente apuntados por una ametralladora malvivieron hasta febrero de 1937 un total de 1.145 detenidos. Muchos de ellos sólo salieron de allí para ser fusilados o "desaparecidos" en alguna sima.

El segundo campo de concentración que se abrió en la Isla fue el del Lazareto de Gando, junto al entonces pequeño aeródromo. Hasta allí fueron trasladados 1.092 prisioneros de La Isleta transportados en barco desde el Muelle de La Luz. Este campo de concentración permaneció abierto hasta 1940 cuando, por presiones del Cabildo que quería los terrenos para crear un gran aeropuerto, un millar de presos fueron trasladados a un nuevo campo en Las Torres, el último, que se cerró definitivamente en mayo de 1941.

Fuente: La Provincia

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Media vida escondido en un zulo 

Cigarros y revistas viejas

Juan Negrín sigue en la brecha…

Carmen Negrín en Vélez, Málaga.

El fisiólogo y refutado médico que acabó siendo presidente de España en el exilio Juan Negrín amenaza con poner sobre la mesa documentos que aclaren diversos aspectos del convulso final de la República. Casi 200.000 documentos inéditos están a punto de salir a la luz a través de la fundación Juan Negrín producto de la recopilación e investigación a partir de los textos que los exiliados del gobierno español se llevaron consigo.


Cuando los altos cargos del gobierno español abandonaron el país todos tenían el pensamiento de volver. De que se restablecería la cordura. Por eso, marcharon al exilio con los documentos e informaciones que sus cargos ostentaban. El objetivo era que no cayeran en manos golpistas y fueran destruidos. Instaurado Franco en el poder, sólo les quedó la opción de guardarlos.

Ahora, la fundación Juan Negrín está a punto de publicar casi 200.000 de esos documentos que ni siquiera estaban en los archivos españoles. Todo se coordinará desde la nueva sede del organismo en Las Palmas de Gran Canaria –lugar de nacimiento de Negrín– y contará también con exposiciones fotográficas fijas e itinerantes.

La nieta del político estuvo ayer en Vélez Málaga para participar en el curso de niños a hijos del exilio: la forja de una identidad y al término de su intervención comentó la negativa parlamentaria a la proposición de ley que pretendía reformar la Ley de Amnistía de 1.977: «Sería seguir las normas internacionales, nada más. En las normas internacionales hay amnistía para ciertas cosas, pero no para todas. Los crímenes de guerra y los genocidios no son amnistiables».

«Francamente, dudo mucho que se derogue la amnistía, pero por lo menos seremos unos cuantos en intentarlo y si se logra sería para el honor de España; tal vez, tuvo proporcionalmente más muertos que ningún otro país y hubo una crueldad que duró más tiempo que en otros países. Espero que lo que hace que se siga ocultando sea una mezcla entre el miedo y la vergüenza de lo que hicieron», apostilló al respecto.

La ponente también recalcó que “la influencia de la guerra está en todo” y añadió: “Hablar de dos Españas como se hace otra vez hoy en día, es un poco demagógico y una manera muy fácil de no querer afrontar el problema o rechazar un diálogo; el concepto de una democracia es que todo se puede discutir y poner sobre la mesa siempre que el objetivo sea común, que es el país, y no sólo los intereses de unos cuantos”.

En lo referente a la actitud del estado sobre las fosas comunes de la época franquista, la nieta de Negrín opinó que “es una falta de respeto a los familiares y un desprecio extraordinario” el hecho de que sean iniciativas privadas las que investiguen dichos sucesos y el paradero de los cuerpos y no sea el propio estado el que asuma dicho trabajo y pida responsabilidades.

La experta también se mostró crítica con el modo de funcionamiento actual del país: “Hay cosas que han basado la estructura actual en muchas mentiras y es muy frágil, aunque la gente que lo vivió no esté viva, la estructura tiene pies de arena. Me cuesta saber que hay gobiernos que no condenan que cuatro millones de personas fueran represaliadas“.

Por último dijo no entender que “no se hable del uso de los esclavos o de los niños robados. Siempre digo que si Rajoy fuera uno de ellos… Hay que hablar con conocimiento, con referencia a textos y no solamente a direcciones políticas”.

Fuente: El Mundo

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Antonio Morales insta a la Fiscalía a actuar de oficio contra el periódico 'El Día'

El alcalde de Agüimes pide también la intervención del Parlamento regional - El rotativo tinerfeño ha incurrido en dos delitos tipificados en el Código Penal, según el abogado José Manuel Rivero, de Justicia y Sociedad.

Antonio Morales, alcalde de Aguimes, ha asegurado que la Fiscalía está obligada a intervenir de oficio ante los editoriales de esta semana del periódico El Día, y que también el Parlamento canario debería actuar. Entiende el político grancanario que son constitutivos de delitos graves, puesto que por un lado llama a subvertir el orden democrático y por otro justifica el alzamiento militar de 1936 y "celebra la Guerra Civil y las miles de muertes y desapariciones que se produjeron" tras la constitución del régimen franquista.

En declaraciones al programa La Trapera de Radio San Borondón, Antonio Morales señaló que la llamada al golpismo del editor del periódico tinefeño, José Rodríguez Ramírez, debe ser castigada de forma contundente y ejemplarizante porque ese tipo de manifestaciones desgraciadamente tienen caldo de cultivo en determinados sectores de la sociedad.

Al alcalde de Agüimes le parece increíble que la Fiscalía actúe de oficio de inmediato cuando se pilla a José Carlos Mauricio conduciendo sin carnet y ante unas manifestaciones lamentables como las vertidas en los editoriales de El Día permanezca "en silencio e impasible".

Dos delitos tipificados en el Código Penal

El abogado José Manuel Rivero, integrante del colectivo Justicia y Sociedad, recordó también en los micrófonos de Radio San Borondón que instar a la insurrección de los militares contra el sistema democrático está tipificado como delito en el artículo 477 del Código Penal, que establece que “la provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores con la pena de prisión".

José Manuel Rivero considera que el periódico El Día ha hecho apología del golpismo, ya que el editor del diario está invitando expresamente a los militares a que subviertan el orden constitucional.
El abogado advierte que con estos editoriales, José Rodríguez está pidiendo a la cúpula militar que dé un golpe de Estado como el perpetrado por Franco que tire por tierra el orden democrático actual, legal y legítimamente constituido.

Insiste en que la proposición de insurrección militar es un delito perseguible de oficio y que indudablemente tendrá que ser denunciado si antes no es incoado por la Fiscalía "como es su obligación" abriendo diligencias de investigación y de denuncia para que estos hechos "no sigan quedando impunes".

Además, el artículo 607, apartado dos, del Código Penal dice que “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que justifiquen los delitos tipificados en el artículo anterior [que hacen referencia al genocidio] o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos se castigarán con la pena de prisión de uno a dos años”. Ahí encajarían según José Manuel Rivero las justificaciones que El Día hace de la sublevación militar de 1936, "justificando por tanto el derrocamiento del orden constitucional y que como consecuencia del mismo se produjera el genocidio por todos conocido".

Fuente: www.canariasahora.es

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Antonio Morales urge a la Fiscalía y al Parlamento a actuar contra El Día por los editoriales en los que pide a los militares que den un golpe de Estado
Entrevista programa de "La Trapera" del miércoles 20/07/2011 al abogado José Manuel Rivero
(a partir de 01:11:00 hrs)

Entrevista programa de "La Trapera" del miércoles 20/07/2011 a Antonio Morales
(a partir de 02:09:18 hrs)

La Isleta en guerra en el 36

La Plaza del Pueblo en la actualidad

Los incidentes armados fueron escasos durante la Guerra Civil en la ciudad. La Isleta intentó resistirse al golpe militar con poco éxito.

R. G. Parecía una tarde más pero aquella del 20 de julio de 1936 aún resuena en los oídos de los vecinos más antiguos del barrio de La Isleta. Fue la tarde que se estremeció toda La Isleta cuando a eso de las cinco un grupo de militares y falangistas volaron con dinamita la mítica Casa del Pueblo, hasta el golpe de estado de Francisco Franco lugar clave de la lucha obrera en la ciudad y punto de reunión de sindicatos y partidos de izquierda.

Hoy se cumplen los 75 años de aquel espeluznante día que aún estremece memorias de ancianos isleteros que tuvieron que esconderse o los parientes de aquellos que fueron pasados por las armas por defender la legalidad democrática que representaba la II República. El colectivo La Tertulia Isletera recuerda estos días aquel episodio y uno de sus colaboradores, Juan Peña, se encarga de contarlo a quien sea para que un hecho tan señalado no sea olvidado en el barrio pese al tiempo transcurrido. "Gracias a historiadores como Juan Medina Sanabria o Sergio Cantero hoy conocemos estos hechos como realmente ocurrieron después de 40 años de estar ocultándolo", asegura Peña.

La Casa del Pueblo se alzaba en el centro de lo que hoy es la plaza del Pueblo, llamada así en su nombre. Se trataba de una casa terrera usada por los sindicatos portuarios como lugar de reunión y célebre porque desde ella partían numerosas manifestaciones obreras. Con esos antecedentes, los sublevados de 1936 tenían un ojo puesto en el lugar cuando el 18 de julio se alzaron en armas. Cuenta Medina Sanabria que el incidente que derivó en la voladura de la Casa del Pueblo ocurrió en la mañana del lunes 20 de julio, cuando los obreros de La Isleta ya se habían decidido a plantar cara a la sublevación. Esa mañana, tres militares que subían por la calle Faro fueron interceptados y encañonados por los trabajadores y les pidieron que les entregasen sus armas en nombre de la II República. Los militares se resistieron y se formó un tiroteo en el que murieron dos soldados y resultó malherido el otro militar, un cabo que residía en La Isleta.

Como represalia, los militares y los falangista decidieron acabar con la resistencia volando su símbolo, la Casa del Pueblo. Así, mientras unos registraban las casas buscando a los resistentes, otros llenaban de dinamita el edificio. Al final, la casa fue volada por los aires y una decena de isleteros fueron detenidos por rebeldía. De ellos, cinco fueron fusilados en septiembre del 36 y el resto condenados a largas penas de cárcel.

Fuente: La Provincia