miércoles, 27 de julio de 2011

Satisfacción en los familiares de los fusilados de San Lorenzo

El Ministerio de Justicia considera "ilegítimo" y "sin garantías" el Consejo de Guerra que condenó a cinco personas a muerte.
La Plataforma de los Familiares de los Fusilados de San Lorenzo (antiguo municipio de Las Palmas de Gran Canaria) ha manifestado su inmensa satisfacción ante las Declaraciones de Reparación y Reconocimiento Personal enviadas desde el Ministerio de Justicia del Gobierno de España a cada familia, donde se hace justicia después de casi 75 años con unos hombres que fueron asesinados injustamente por defender la democracia y la libertad.

En dicha declaración, el Ministerio de Justicia considera "ilegítimo" y "sin garantías" el Consejo de Guerra celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el 26 de enero de 1937, que los condenó a muerte por fusilamiento.

Según indican en una nota de prensa los Familiares de los Fusilados de San Lorenzo, los conocidos como "los cinco de San Lorenzo" y el resto de procesados en este Consejo de Guerra sufrieron una brutal represión por parte de los militares y las fuerzas de Falange que dieron el golpe de estado fascista del 18 de julio de 1936 contra la legítima República, dándose casos gravísimos de torturas, asesinatos, desapariciones, expropiación y robo de bienes, violaciones y el fusilamiento el 29 de marzo de 1937 en el Campo de Tiro de La Isleta del Alcalde comunista de San Lorenzo, Juan Santana Vega, del Secretario municipal, Antonio Ramírez Graña, del Jefe de la Policía Local, Manuel Hernández Toledo y de los sindicalistas de la Federación Obrera vinculados a dicho Ayuntamiento, Matías López Morales y Francisco González Santana.

La Plataforma de Familias de los Fusilados valora muy positivamente dicha Declaración y considera que honra la memoria de todas las personas que lucharon y entregaron su vida en Canarias y resto del estado defendiendo la legalidad democrática y la justicia, contribuyendo a seguir cerrando heridas en quienes sufrieron en el seno familiar la represión de la dictadura franquista.

Fuente: Canarias Ahora

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lunes, 25 de julio de 2011

Los sublevados asesinaron a 1.200 canarios en 1936

Encarcelados del Campo de Concentración de Gando

20.000 personas fueron detenidas en cárceles y campos de concentración

Durante los primeros seis meses de la sublevación militar que originó la Guerra Civil fueron asesinadas o "desaparecidas" cerca de 1.200 personas en toda Canarias por manifestarse en contra del golpe militar o sólo por simpatizar con partidos de la izquierda política.

El investigador Juan Medina Sanabria en su libro Isleta Puerto de La Luz: campos de concentración (2002), realiza una exhaustiva recopilación de datos sobre los detenidos y los represaliados en Gran Canaria, el resto del Archipiélago y hasta en las entonces colonias españolas en África. De su investigación se desprende que más de 20.000 personas pasaron por las cárceles canarias o los campos de concentración que se abrieron durante la Guerra en las Islas en el periodo de 1936 a 1950. Además, se detalla que hasta 1948 fueron fusilados sólo en la provincia de Las Palmas 71 ciudadanos por su ideología.

Entre estos fusilados se encontraban los cinco vecinos de La Isleta compañeros del topo Pedro Perdomo en la refriega que acabó con la muerte de dos soldados en la calle Faro. De no haber estado huido, Perdomo con toda probabilidad hubiera sido el sexto fusilado ya que algunos de los juzgados le señalaron a él como cabecilla del incidente. En ese mismo proceso se condenó a cadena perpetua a otros cuatro isleteros. Paradójicamente, esos cuatro condenados pudieron volver libres a sus casas en 1941. Perdomo seguiría escondido 28 años más.

Cuenta Juan Medina en su libro que las detenciones de rojos se multiplicaron tanto en los primeros días de la Guerra que las autoridades militares se vieron obligadas a crear un campo de concentración junto al cuartel de Artillería de La Isleta al quedarse pequeña la recién estrenada cárcel de Barranco Seco. Así, menos de 15 días después del golpe de estado del 18 de julio, abre sus puertas este campo de concentración con 315 prisioneros. Allí, apiñados en tiendas de campaña y sin duchas, ni baños y constantemente apuntados por una ametralladora malvivieron hasta febrero de 1937 un total de 1.145 detenidos. Muchos de ellos sólo salieron de allí para ser fusilados o "desaparecidos" en alguna sima.

El segundo campo de concentración que se abrió en la Isla fue el del Lazareto de Gando, junto al entonces pequeño aeródromo. Hasta allí fueron trasladados 1.092 prisioneros de La Isleta transportados en barco desde el Muelle de La Luz. Este campo de concentración permaneció abierto hasta 1940 cuando, por presiones del Cabildo que quería los terrenos para crear un gran aeropuerto, un millar de presos fueron trasladados a un nuevo campo en Las Torres, el último, que se cerró definitivamente en mayo de 1941.


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domingo, 24 de julio de 2011

Juan Negrín sigue en la brecha…

Carmen Negrín en Vélez, Málaga.
El fisiólogo y refutado médico que acabó siendo presidente de España en el exilio Juan Negrín amenaza con poner sobre la mesa documentos que aclaren diversos aspectos del convulso final de la República. Casi 200.000 documentos inéditos están a punto de salir a la luz a través de la fundación Juan Negrín producto de la recopilación e investigación a partir de los textos que los exiliados del gobierno español se llevaron consigo.


Cuando los altos cargos del gobierno español abandonaron el país todos tenían el pensamiento de volver. De que se restablecería la cordura. Por eso, marcharon al exilio con los documentos e informaciones que sus cargos ostentaban. El objetivo era que no cayeran en manos golpistas y fueran destruidos. Instaurado Franco en el poder, sólo les quedó la opción de guardarlos.

Ahora, la fundación Juan Negrín está a punto de publicar casi 200.000 de esos documentos que ni siquiera estaban en los archivos españoles. Todo se coordinará desde la nueva sede del organismo en Las Palmas de Gran Canaria –lugar de nacimiento de Negrín– y contará también con exposiciones fotográficas fijas e itinerantes.

La nieta del político estuvo ayer en Vélez Málaga para participar en el curso de niños a hijos del exilio: la forja de una identidad y al término de su intervención comentó la negativa parlamentaria a la proposición de ley que pretendía reformar la Ley de Amnistía de 1.977: «Sería seguir las normas internacionales, nada más. En las normas internacionales hay amnistía para ciertas cosas, pero no para todas. Los crímenes de guerra y los genocidios no son amnistiables».

«Francamente, dudo mucho que se derogue la amnistía, pero por lo menos seremos unos cuantos en intentarlo y si se logra sería para el honor de España; tal vez, tuvo proporcionalmente más muertos que ningún otro país y hubo una crueldad que duró más tiempo que en otros países. Espero que lo que hace que se siga ocultando sea una mezcla entre el miedo y la vergüenza de lo que hicieron», apostilló al respecto.

La ponente también recalcó que “la influencia de la guerra está en todo” y añadió: “Hablar de dos Españas como se hace otra vez hoy en día, es un poco demagógico y una manera muy fácil de no querer afrontar el problema o rechazar un diálogo; el concepto de una democracia es que todo se puede discutir y poner sobre la mesa siempre que el objetivo sea común, que es el país, y no sólo los intereses de unos cuantos”.

En lo referente a la actitud del estado sobre las fosas comunes de la época franquista, la nieta de Negrín opinó que “es una falta de respeto a los familiares y un desprecio extraordinario” el hecho de que sean iniciativas privadas las que investiguen dichos sucesos y el paradero de los cuerpos y no sea el propio estado el que asuma dicho trabajo y pida responsabilidades.

La experta también se mostró crítica con el modo de funcionamiento actual del país: “Hay cosas que han basado la estructura actual en muchas mentiras y es muy frágil, aunque la gente que lo vivió no esté viva, la estructura tiene pies de arena. Me cuesta saber que hay gobiernos que no condenan que cuatro millones de personas fueran represaliadas“.

Por último dijo no entender que “no se hable del uso de los esclavos o de los niños robados. Siempre digo que si Rajoy fuera uno de ellos… Hay que hablar con conocimiento, con referencia a textos y no solamente a direcciones políticas”.

Fuente: El Mundo

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jueves, 21 de julio de 2011

Antonio Morales insta a la Fiscalía a actuar de oficio contra el periódico 'El Día'

El alcalde de Agüimes pide también la intervención del Parlamento regional - El rotativo tinerfeño ha incurrido en dos delitos tipificados en el Código Penal, según el abogado José Manuel Rivero, de Justicia y Sociedad.
Antonio Morales, alcalde de Aguimes, ha asegurado que la Fiscalía está obligada a intervenir de oficio ante los editoriales de esta semana del periódico El Día, y que también el Parlamento canario debería actuar. Entiende el político grancanario que son constitutivos de delitos graves, puesto que por un lado llama a subvertir el orden democrático y por otro justifica el alzamiento militar de 1936 y "celebra la Guerra Civil y las miles de muertes y desapariciones que se produjeron" tras la constitución del régimen franquista.

En declaraciones al programa La Trapera de Radio San Borondón, Antonio Morales señaló que la llamada al golpismo del editor del periódico tinefeño, José Rodríguez Ramírez, debe ser castigada de forma contundente y ejemplarizante porque ese tipo de manifestaciones desgraciadamente tienen caldo de cultivo en determinados sectores de la sociedad.

Al alcalde de Agüimes le parece increíble que la Fiscalía actúe de oficio de inmediato cuando se pilla a José Carlos Mauricio conduciendo sin carnet y ante unas manifestaciones lamentables como las vertidas en los editoriales de El Día permanezca "en silencio e impasible".

Dos delitos tipificados en el Código Penal

El abogado José Manuel Rivero, integrante del colectivo Justicia y Sociedad, recordó también en los micrófonos de Radio San Borondón que instar a la insurrección de los militares contra el sistema democrático está tipificado como delito en el artículo 477 del Código Penal, que establece que “la provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores con la pena de prisión".

José Manuel Rivero considera que el periódico El Día ha hecho apología del golpismo, ya que el editor del diario está invitando expresamente a los militares a que subviertan el orden constitucional.
El abogado advierte que con estos editoriales, José Rodríguez está pidiendo a la cúpula militar que dé un golpe de Estado como el perpetrado por Franco que tire por tierra el orden democrático actual, legal y legítimamente constituido.

Insiste en que la proposición de insurrección militar es un delito perseguible de oficio y que indudablemente tendrá que ser denunciado si antes no es incoado por la Fiscalía "como es su obligación" abriendo diligencias de investigación y de denuncia para que estos hechos "no sigan quedando impunes".

Además, el artículo 607, apartado dos, del Código Penal dice que “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que justifiquen los delitos tipificados en el artículo anterior [que hacen referencia al genocidio] o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos se castigarán con la pena de prisión de uno a dos años”. Ahí encajarían según José Manuel Rivero las justificaciones que El Día hace de la sublevación militar de 1936, "justificando por tanto el derrocamiento del orden constitucional y que como consecuencia del mismo se produjera el genocidio por todos conocido".

Fuente: www.canariasahora.es

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Antonio Morales urge a la Fiscalía y al Parlamento a actuar contra El Día por los editoriales en los que pide a los militares que den un golpe de Estado
Entrevista programa de "La Trapera" del miércoles 20/07/2011 al abogado José Manuel Rivero
(a partir de 01:11:00 hrs)

Entrevista programa de "La Trapera" del miércoles 20/07/2011 a Antonio Morales
(a partir de 02:09:18 hrs)

miércoles, 20 de julio de 2011

La Isleta en guerra en el 36

La Plaza del Pueblo en la actualidad

Los incidentes armados fueron escasos durante la Guerra Civil en la ciudad. La Isleta intentó resistirse al golpe militar con poco éxito.

R. G. Parecía una tarde más pero aquella del 20 de julio de 1936 aún resuena en los oídos de los vecinos más antiguos del barrio de La Isleta. Fue la tarde que se estremeció toda La Isleta cuando a eso de las cinco un grupo de militares y falangistas volaron con dinamita la mítica Casa del Pueblo, hasta el golpe de estado de Francisco Franco lugar clave de la lucha obrera en la ciudad y punto de reunión de sindicatos y partidos de izquierda.

Hoy se cumplen los 75 años de aquel espeluznante día que aún estremece memorias de ancianos isleteros que tuvieron que esconderse o los parientes de aquellos que fueron pasados por las armas por defender la legalidad democrática que representaba la II República. El colectivo La Tertulia Isletera recuerda estos días aquel episodio y uno de sus colaboradores, Juan Peña, se encarga de contarlo a quien sea para que un hecho tan señalado no sea olvidado en el barrio pese al tiempo transcurrido. "Gracias a historiadores como Juan Medina Sanabria o Sergio Cantero hoy conocemos estos hechos como realmente ocurrieron después de 40 años de estar ocultándolo", asegura Peña.

La Casa del Pueblo se alzaba en el centro de lo que hoy es la plaza del Pueblo, llamada así en su nombre. Se trataba de una casa terrera usada por los sindicatos portuarios como lugar de reunión y célebre porque desde ella partían numerosas manifestaciones obreras. Con esos antecedentes, los sublevados de 1936 tenían un ojo puesto en el lugar cuando el 18 de julio se alzaron en armas. Cuenta Medina Sanabria que el incidente que derivó en la voladura de la Casa del Pueblo ocurrió en la mañana del lunes 20 de julio, cuando los obreros de La Isleta ya se habían decidido a plantar cara a la sublevación. Esa mañana, tres militares que subían por la calle Faro fueron interceptados y encañonados por los trabajadores y les pidieron que les entregasen sus armas en nombre de la II República. Los militares se resistieron y se formó un tiroteo en el que murieron dos soldados y resultó malherido el otro militar, un cabo que residía en La Isleta.

Como represalia, los militares y los falangista decidieron acabar con la resistencia volando su símbolo, la Casa del Pueblo. Así, mientras unos registraban las casas buscando a los resistentes, otros llenaban de dinamita el edificio. Al final, la casa fue volada por los aires y una decena de isleteros fueron detenidos por rebeldía. De ellos, cinco fueron fusilados en septiembre del 36 y el resto condenados a largas penas de cárcel.

lunes, 18 de julio de 2011

España responde a Argentina que sí investiga los crímenes franquistas

El Gobierno cita el sumario que abrió Garzón, por el que será juzgado por prevaricación, para evitar que otro país instruya una causa por genocidio

El Gobierno español ha enviado tres informes a la Justicia argentina para frenar que sus tribunales inicien una investigación de los crímenes del franquismo bajo el paraguas del principio de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo alude a la causa abierta en octubre de 2008 por el juez Baltasar Garzón todavía abierta pese a la suspensión del magistrado para evitar que la jueza argentina María Servini de Cubría empiece una investigación en relación con las 113.000 desapariciones forzadas que ya empezó el propio Garzón a documentar.
El Gobierno ha respondido vía diplomática ocho meses después del requerimiento del Juzgado Federal en Buenos Aires equivalente a la Audien-cia Nacional que exigía una comprobación sobre si existía una investigación en curso que impidiera la apertura del caso en Argentina. Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron ayer que el Gobierno había enviado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores documentación que básicamente consiste en un informe de la Fiscalía con una relación de los juzgados con causas abiertas derivadas de la investigación abierta en 2008 por Garzón, informa Ángeles Vázquez.
El Gobierno español envió en junio tres informes a la Justicia argentina
Los denunciantes consideran a la espera de poder leer detenidamente los informes a los que tendrán acceso hoy que esos juzgados que han investigado alguna de las fosas comunes citadas en el sumario de Garzón no han realizado una investigación penal. Por tanto, es demostrable que el país donde se cometió el supuesto genocidio no está investigando la responsabilidad de los crímenes.
El principio de jurisdicción universal exige dos condiciones para abrir un caso. Primero: que el delito denunciado sea de lesa humanidad. Y segundo: que el país donde se produjeron los crímenes se oponga a abrir una investigación. El objetivo es que las víctimas puedan encontrar el amparo de la justicia más allá de sus fronteras, en el caso de que los criminales gocen de impunidad. El juez Baltasar Garzón se acogió a este principio para solicitar la detencióninternacional del dictador Augusto Pinochet en Londres, gracias a una denuncia recibida en la Audiencia Nacional.
Los tres informes enviados a Buenos Aires en junio están elaborados por la Fiscalía General del Estado, el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional del que era titular Garzón antes de ser suspendido precisamente por instruir el caso y por el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada. El documento enviado desde Andalucía corresponde a la investigación del asesinato en la fosa donde se cree fue enterrado Federico García Lorca junto con tres represaliados en 1936.
Uno de ellos es una relación de los juzgados a los que Garzón envió la causa
La denuncia presentada el 14 de abril de 2010 por familiares de víctimas del franquismo en los juzgados federales de Argentina tiene su origen en el portazo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a petición del Fiscal Javier Zaragoza, dio al intento de Garzón de abrir una investigación. Ante la falta de una respuesta en España, decidieron acudir a un país que reconociera el principio de jurisdicción universal.
Ese muro terminó de consolidarse cuando el juez que abrió la causa, el propio Garzón, fue imputado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación. Según los denunciantes, el sindicato ultra-derechista Manos Limpias y Falange Española -este último acabó siendo expulsado del caso-, el magistrado había decidido investigar a sabiendas de que era una decisión injus-ta puesto que la Ley de Amnistía de 1977 impide, a su juicio, investigar las responsabilidades del pasado franquista.
El juzgado de Garzón se inhibió en favor de 46 tribunales territoriales donde se cometieron los crímenes denunciados por las asociaciones de familiares de víctimas. Veintiséis de estos juzgados archivaron la causa basándose en tres consideraciones básicas: los delitos habían prescrito al no ser considerados de lesa humanidad; la ley de amnistía impide la investigación; y la ley de la memoria histórica es suficiente para atender a los denunciados.
Sólo una jueza en Zamora continuó con la investigación de la Audiencia

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martes, 5 de julio de 2011

Exposición sobre Juan Negrín, en La Palma

El Museo Insular acoge desde esta semana la exposición "Juan Negrín: el estadista. La tranquila energía de un hombre de estado", organizada por la Fundación Juan Negrín y el Cabildo de La Palma.

Esta muestra se centra en la figura de esta importante personalidad política canaria y española, destacando didácticamente la pervivencia vital y política del personaje.

A través de fotos, documentos originales y paneles informativos, se podrá hacer un recorrido por la vida del grancanario desde sus primeros estudios en su isla hasta su exilio en Londres y en París, pasando por su formación científica en Alemania, su prestigio en el mundo académico español, su paso a la política y su nombramiento como ministro de Hacienda y presidente del Gobierno español durante la Guerra Civil.

El caso de Negrín fue atípico en la política española. Se incorporó tardíamente a ella tras labrarse una carrera de investigador como médico y profesor de fisiología, y dirigir una clínica privada en Madrid.

Además, hablaba varios idiomas, algo inhabitual para los políticos españoles de la época.

Presidente del Gobierno de la República desde 1937 hasta 1939, Juan Negrín fue uno de los personajes más controvertidos de la Guerra Civil Española y según el historiador Stanley G. Payne, tras su fin, "no había personaje más odiado".

La figura de Juan Negrín ha sido reivindicada en los últimos tiempos por estudios como los de Santiago Álvarez, Manuel Tuñón de Lara, Ángel Viñas o Enrique Moradiellos, donde lo ensalzan como uno de los mayores y más preparados estadistas en la España del siglo XX.

La muestra podrá ser visitada hasta el próximo 16 de julio en el Museo Insular de la plaza de San Francisco, en Santa Cruz de La Palma, de lunes a sábado en horario de 10:30 a 19:30 horas y los domingos de 10:00 a 13:00 horas.

Fuente: Canarias 7

Escándalos económicos del franquismo

Los niños robados