"La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo nos hemos encontrado con una esperpéntica y tragicómica anécdota en las gestiones para recuperar los restos de parte de nuestros familiares enterrados en una fosa común en el cementerio de Las Palmas, condenados en un Consejo de Guerra en la causa 33/1936 y fusilados en el campo de tiro de La Isleta el 29 de marzo de 1939", informan en un sorprendido e indignado comunicado.
El texto íntegro en el que relatan esta nueva experiencia es el siguiente:
"Tras dirigirnos al Archivo Histórico Provincial para recabar información del Tribunal de Responsabilidades Políticas sobre dicha causa, se notifica por parte de la funcionaria archivera que hay una multa impagada de 500 pesetas que no ha prescrito y que deben pagar los familiares de los fusilados. Ante nuestra enorme sorpresa le decimos a dicha funcionaria que ese fusilamiento se ejecutó hace 74 años, a lo que contestó que "los delitos contra el estado nunca prescriben".
Ante esta vergonzosa situación los familiares de los fusilados nos preguntamos como es posible que con una Ley de Memoria Histórica en vigor, se sigan produciendo hechos tan graves y que atentan contra la dignidad y la memoria de los demócratas asesinados por los fascistas en el estado español.
Pedro Medina Sanabria, investigador y recopilador de datos sobre la dictadura franquista afirmó tras comentarle lo sucedido en su blog que "no podemos olvidar que en los anuncios, decretos o resoluciones del Tribunal de Responsabilidades Políticas, figuraba una coletilla que decía "que ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable detendrá la tramitación y fallo del expediente". Además se requería a los herederos de la víctima para presentaran su declaraciones de bienes. Bienes, que en muchos casos, fueron subastados y adjudicados a conspicuos compradores. Así se ejecutó una buena parte de la rapiña franquista en Canarias y en España".
Pensamos que el fascismo sociológico sigue presente en la administración pública y que está incrustado en los distintos estamentos del estado, dando la impresión de que se tiene miedo y se obstaculiza que se investigue el genocidio franquista para evitar desenmascarar a miles de asesinos y torturadores. Este gravísimo hecho sucedido en el Archivo Provincial de Las Palmas lo viene a demostrar, confirmando como ciertos funcionarios y políticos son presuntos herederos directos de los que llenaron los pozos, cunetas y cementerios de defensores de la democracia y la libertad.
Los familiares de los fusilados no pensamos pagar ninguna multa por asesinar a nuestros padres y abuelos, si lo desean que nos embarguen los bienes o nos metan en la cárcel, pero primero está nuestra dignidad y nuestra defensa de los valores democráticos.
No prescriben las multas pero si prescriben los crímenes, las torturas, las desapariciones y violaciones de derechos humanos en 40 años de dictadura".
Fuente: www.canariassocial.com
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